Párr. 81 Se recomienda al Congreso Nacional del Ecuador que proceda a legislar en materia de los derechos colectivos de las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas tal como estos están establecidos en la Constitución Política del país, especialmente en materia de: administración de justicia; circunscripciones territoriales indígenas; reglamentación de las actividades económicas petroleras, mineras, madereras, agrícolas, pesqueras, turísticas y otras que tienen relación con la explotación de los recursos naturales en territorios indígenas; educación intercultural bilingüe; conservación y preservación del patrimonio cultural de los pueblos indígenas; respeto y protección de los pueblos en aislamiento voluntario; derecho a la consulta y al consentimiento previo libre e informado de acuerdo a la normativa internacional; servicios de salud indígena; prevención y sanción de los delitos sexuales, la explotación en condiciones de servilismo, forzada y comercial de niñas, adolescentes y mujeres pertenecientes a pueblos y nacionalidades; extensión de servicios sociales diversos en comunidades indígenas; biodiversidad, preservación y manejo del medio ambiente; planes y proyectos de desarrollo económico; defensoría de los derechos humanos de los pueblos indígenas; y formas de gobierno indígena local, comunal y seccional.
Párr. 82 Se recomienda que se refuercen los mecanismos legislativos que contribuyan a la estabilidad de la institucionalidad indígena en los diversos cuerpos establecidos. En concreto, se recomienda que la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, de Salud Intercultural y el Consejo de Nacionalidades del Ecuador (CODENPE) sean institucionalizados mediante ley y que se les asignen los recursos necesarios para que puedan estas instituciones elevar su nivel de calidad en la prestación de sus servicios.
Párr. 85 Se recomienda a los gobiernos del Ecuador y Colombia que nombren una comisión internacional independiente para estudiar los efectos de las fumigaciones aéreas sobre las poblaciones indígenas fronterizas y recomiende las medidas correspondientes vinculantes para estos gobiernos para resarcir los daños.
Párr. 32 Ofrecer los servicios sociales básicos, incluyendo la alimentación, condiciones de higiene y la salud en los centros de detención temporal para establecidos para las personas en situación irregular. Instaurar sistemas para que se asegure el registro de cada niño en el momento del nacimiento o inmediatamente después. La certificación y el registro de los nacimientos son decisivos para garantizar los derechos del niño, y también con objeto de minimizar las consecuencias del VIH/SIDA para la vida de los niños afectados.
Párr. 50 Implementar módulos de capacitación funcionarios y funcionarias públicas, en especial para profesionales de la salud a nivel nacional, entre otros, con el fin de mejorar sus capacidades de identificación de víctimas de trata de personas.
Párr. 113 El Estado debe evitar cualquier retroceso en el nivel de disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Retrocesos injustificados serían contrarios tanto a su normativa constitucional como a las obligaciones de internacionales de derechos humanos.
Párr. 114 La implementación progresiva de la gratuidad de los servicios de salud y educación debe significar también una mejora en el acceso y calidad de los servicios, así como en la participación de los usuarios.
Párr. 61 Los expertos toman nota de la inversión de las autoridades ecuatorianas de una cantidad de recursos sin precedentes en los servicios sociales destinados particularmente a beneficiar a los sectores más pobres de la sociedad. No obstante, recomiendan que se adopten medidas adicionales para permitir a los afroecuatorianos la igualdad de acceso a los servicios fundamentales, tales como la salud, la educación y la vivienda adecuada.
Párr. 73 El Grupo de Trabajo destaca que hay que ofrecer lo antes posible un fácil acceso a los servicios de salud y otros servicios básicos a todos los afroecuatorianos.
Párr. 86 La necesidad de datos desglosados para revelar las desigualdades que sufren las personas pertenecientes a grupos minoritarios sigue siendo esencial; la labor nacional de reunión y análisis de esos datos debe reforzarse y contar con la asistencia de la comunidad internacional. Se requieren datos desglosados sobre todos los objetivos y ámbitos esenciales como la educación, el empleo, la salud y el ingreso de los hogares. Estos datos no solo permiten determinar las desigualdades, sino que también contribuyen a la formulación de soluciones específicas adecuadas y al seguimiento y la evaluación de los avances hacia el logro de los objetivos en el caso de las minorías.