Párr. 72 Reforzar el marco jurídico para garantizar el acceso a la justicia, con independencia de la situación de inmigración.
Párr. 87 (f) Elaborar procedimientos, políticas y prácticas que tengan en cuenta consideraciones de género con el fin de promover la igualdad de acceso a la justicia para todos en los sistemas de justicia formales, no formales y alternativos, así como en los mecanismos judiciales de transición y otros mecanismos para el arbitraje de derechos.
Párr. 89 Dar respuestas adecuadas a los problemas de la discriminación y la violencia contra la mujer, con inclusión del establecimiento de recursos y mecanismos eficaces de reparación e indemnización.
Párr. 90 Eliminar las barreras de género que obstaculizan el acceso a la justicia y establecer una administración de justicia que tenga en cuenta consideraciones de género.
Párr. 118 Proteger y respetar los derechos humanos de los niños migrantes, sea cual sea su estatus migratorio, incluidos los derechos a disponer de servicios sociales básicos, en particular el derecho al acceso a la justicia.
Párr. 15 (c) Remover los obstáculos que afecten o limiten el acceso a la justicia.
Párr. 63 Priorizar la asignación presupuestaria a la administración de justicia, y ello mediante cauces que garanticen una autonomía plena en el manejo de los recursos asignados.
Párr. 68 Intensificar los esfuerzos tendientes a la erradicación de la miseria y la extrema pobreza por su profundo impacto en el acceso a la justicia.
Párr. 26 Reconocer que una concepción monista del derecho nacional impide el debido reconocimiento de las tradiciones jurídicas plurales y conduce a la subordinación de los sistemas jurídicos consuetudinarios a una sola norma jurídica oficial.
Párr. 31 Llevar a cabo revisiones exhaustivas y reformas, cuando esto sea necesario, del sistema de justicia para proteger de una manera más efectiva los derechos de los pueblos indígenas. Estas reformas deben incluir, entre otros, el respeto por el derecho consuetudinario indígena, el establecimiento de mecanismos alternativos de justicia, el respeto de su lengua y su cultura en los tribunales, juzgados y, en definitiva, en todo el sistema de administración de justicia, así como una mayor participación de los indígenas en los procesos de reforma.