Párr. 88 Las preocupaciones existentes con respecto a la calidad en la educación exigen el reforzamiento de los marcos jurídicos nacionales con miras a establecer y fortalecer las normas de calidad en la educación. A tal fin, el Relator Especial desearía hacer las recomendaciones siguientes: a) Establecer y reforzar marcos nacionales jurídicos y de política para la educación de calidad: • Los Estados tienen la obligación fundamental de asegurar el derecho a la educación de calidad. A ese respecto, deben conceder una prioridad elevada a la elaboración y el reforzamiento de las leyes y políticas de educación encaminadas a asegurar la calidad de la educación para todos, prestando la máxima atención al papel de empoderamiento que tiene el derecho a la educación. • Los Estados deben asegurar que todas las autoridades públicas responsables de elaborar y aplicar las políticas de educación en los planos local y nacional cumplan las normas y principios de calidad. • Las instituciones nacionales de derechos humanos, cuando existan, así como el poder judicial, son fundamentales para supervisar las iniciativas a ese respecto y para salvaguardar la calidad de la educación. • Los parlamentarios también desempeñan una función importante de promoción de los debates nacionales sobre la calidad en la educación, de establecimiento de marcos jurídicos y de supervisión de las prácticas del Estado. b) Adoptar normas y principios de calidad para todo el sistema educacional: • Los Estados deben asegurar que las normas y principios de la educación de calidad sean aplicadas de modo uniforme en el país y abarquen la totalidad del sistema educacional. Ningún sector ni disciplina de la educación deben ser dejados de lado en ese proceso. Se debe asegurar que las normas sean congruentes con los principios de derechos humanos y que todas las escuelas, tanto públicas como privadas, funcionen de conformidad con esas normas y principios. c) Realizar evaluaciones de calidad con intención de utilizarlas para lograr mejoras: • Las evaluaciones de calidad deben realizarse con intención de utilizarlas para lograr mejoras, haciendo hincapié en crear oportunidades equitativas de educación y aprendizaje para todos, en lugar de para marginar aún más las escuelas deficientemente mantenidas de las zonas remotas. Basándose en los resultados de las evaluaciones nacionales del rendimiento de los estudiantes, los Estados deben apoyar las regiones y escuelas que obtengan peores resultados o que estén quedando retrasadas, con objeto de promover sistemas educacionales más equitativos. Es necesario promover las medidas afirmativas y las medidas positivas para permitir que quienes son víctimas de la exclusión social y la pobreza puedan disfrutar su derecho a una educación de calidad. d) Mejorar la calificación de los docentes y sus condiciones de trabajo: • Los Estados deben establecer un marco normativo amplio para la profesión docente, aplicable tanto a las escuelas públicas como a las privadas. Sobre la base del reconocimiento del papel fundamental que desempeñan los docentes en proporcionar una educación de calidad, ese marco debe incluir normas relativas a la calificación de los maestros y a su situación y perspectivas de carrera, y debe ofrecer incentivos para hacer más atractiva y reconocida la profesión docente. e) Asegurar recursos financieros para la educación de calidad: • Promover la calidad de la educación es un reto constante y las inversiones nacionales a ese respecto deben ser prioritarias. Los Estados deben asegurar los recursos necesarios para cumplir sus obligaciones de garantizar una educación de calidad. Los Estados podrían, como norma, asignar un mínimo del 20% al 25% de las consignaciones para educación del presupuesto nacional a mejorar la calidad de la educación, como gasto extraordinario por encima del gasto corriente en educación. Los Estados también deben establecer las políticas necesarias para movilizar recursos en favor de la calidad en los casos en que los organismos regionales y locales sean responsables de la educación básica. f) Centrarse en el derecho a la educación de calidad para el empoderamiento de la mujer: • Los Estados deben prestar atención particular a la calidad de la educación ofrecida a las niñas y las mujeres. Se debe conceder mayor importancia a dar una forma concreta a las disposiciones establecidas en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. g) Fomentar la asistencia técnica internacional a los gobiernos: • Se debe alentar a las organizaciones internacionales, como el Banco Mundial, la UNESCO y el UNICEF, a que continúen su labor de proporcionar asesoramiento de política, servicios de apoyo y asistencia técnica a los gobiernos en sus iniciativas para cumplir los imperativos de calidad. La UNESCO podría establecer directrices para el establecimiento de normas para la educación de calidad. h) Estimular más debates en los órganos internacionales de derechos humanos: • Teniendo presente el papel fundamental de la educación de calidad en la construcción de la nación, se debe estimular la realización de más debates a escala mundial sobre el derecho a la calidad en la educación. La organización de un debate temático bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos podría ser muy efectiva para impulsar las medidas nacionales encaminadas a lograr la educación de calidad. • Los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados de derechos humanos -—en particular el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer— deben prestar mayor atención a la calidad de la educación a fin de destacar aún más las obligaciones de los Estados a ese respecto. i) Apoyar la investigación y la reflexión sobre la calidad en la educación: • Las universidades y los centros de investigación sobre la educación deben promover aún más la investigación y la reflexión respecto a las necesidades de la calidad en la educación. Las organizaciones de la sociedad civil también deben contribuir a ese proceso, supervisando la situación de la educación y promoviendo iniciativas de fomento de la calidad en la educación.
Párr. 82 Incluir, desde la normativa, todos los tipos y niveles de educación para garantizar la eliminación de la discriminación y la integración eficaz y la justicia social para los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Elaborar mecanismos que permitan dar seguimiento a la aplicación de la legislación vinculante y las obligaciones referentes al derecho a la educación para los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
Párr. 83 Fomentar en todos los contextos educativos, tanto académicos como no académicos, la opinión de que la diversidad cultural y lingüística es un recurso que los individuos y los grupos pueden utilizar para crear comunidades sostenibles sólidas y solidarias. Establecer estrategias educativas que tengan en cuenta las necesidades educativas específicas de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Esas estrategias deberán conseguir la incorporación coordinada y automática de un aprendizaje permanente que dé prioridad a la pronta integración y el reconocimiento del aprendizaje previo. Prestar mayor atención a la enseñanza lingüística de calidad y culturalmente adecuada en los estudios preprimarios, primarios, postprimarios y terciarios que tenga en cuenta las necesidades de desarrollo de una región y el valor de la comprensión y la tolerancia regional. Establecer planes de estudios individuales o programas de apoyo personal que favorezcan el aprendizaje del idioma mayoritario y, en caso necesario, de otras materias, para que puedan aprenderse al mismo tiempo el idioma de la mayoría y las distintas asignaturas. Estas actividades deberían llevarse a cabo en las escuelas normales, sin necesidad de crear clases ni grupos de adaptación segregados. Preparar y promover información y material sobre los sistemas de educación y bienestar social con respecto a los derechos, oportunidades y responsabilidades en los idiomas de y de acuerdo con las necesidades de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Mejorar los sistemas nacionales de vigilancia del acceso a la educación y los resultados escolares de los migrantes y refugiados, con inclusión de los datos sobre la igualdad de género y la discapacidad. Debería incluirse también información sobre el idioma utilizado en el hogar y/o en los estudios cursados con anterioridad a fin de conocer la evolución lingüística y el grado de deserción respecto del aprendizaje del idioma. Promover el desarrollo de sistemas regionales e internacionales de calificación, que incorporen el reconocimiento mutuo, recíproco y automático de los logros escolares, académicos y no académicos. Debería también intensificarse la investigación sobre soluciones posibles y viables a los problemas de equivalencia en el entorno educativo y el lugar de trabajo. Corregir las deficiencias en materia de investigación, formación y sensibilización acertada de la experiencia educativa y las necesidades de i) los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo con discapacidades, ii) las mujeres de esos grupos, iii) los migrantes de segunda generación y iv) los niños solicitantes de asilo no acompañados.
Párr. 84 Garantizar mayor contratación de personal docente muy competente y de origen migrante pertinente para facilitar un apoyo pedagógico individualizado más eficaz (programas personalizados), sobre todo en los jardines de infancia y casas cuna, con respecto al aprendizaje de un idioma. Garantizar la Integración de la educación multicultural e intercultural (sensibilización, sociolingüística, técnicas de comunicación y competencia intercultural) en los planes de estudios del personal docente. Asegurar que la formación de especialistas en el servicio sea obligatoria y se realize durante el horario laboral para evitar aumentar la carga de trabajo de los maestros. Garantizar la enseñanza en equipo y apoyo al profesor encargado de curso por un especialista, así como orientación personal de diferentes formas y por diferentes personas (por ejemplo, estudiantes de educación superior o personas de origen inmigrante que puedan servir como modelos), para mejorar los resultados escolares. En las situaciones en que haya refugiados, ofrecer capacitación al personal docente para atender a los alumnos traumatizados y ofrecer apoyo psicológico y orientación especializada para el personal docente y los refugiados.
Párr. 72 El Relator Especial presenta las siguientes recomendaciones para el fomento de la igualdad de oportunidades en la educación en un marco de derechos humanos: a) Garantizar una adecuada protección jurídica del derecho a la educación y la igualdad para gozar de él en todas sus dimensiones inclusivas: Los Estados deberán incorporar en su ordenamiento jurídico nacional las obligaciones que les corresponden en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los gobiernos deben reconocer la importancia decisiva que tienen para asegurar dicha igualdad unos marcos jurídicos adecuados sobre la igualdad de oportunidades en la educación, acordes con las normas internacionales. Un sólido marco reglamentario para los sistemas de educación pública y privada basado en el principio de la igualdad de oportunidades aporta la base esencial para el establecimiento de toda una serie de programas y políticas encaminados a garantizar la igualdad de oportunidades. b) Afrontar las múltiples formas de la desigualdad y la discriminación mediante políticas amplias: Teniendo en cuenta que las diferentes formas de discriminación y desigualdad en el contexto de la educación se refuerzan mutuamente, los Estados deben afrontar las múltiples formas de la desigualdad y la discriminación mediante políticas amplias. Hay que prestar una consideración especial a las disparidades existentes en el acceso educación —entre los niños y las niñas y entre las regiones ricas y pobres— y reconocer la importancia potencial de políticas apropiadas sustentadas en un compromiso con la igualdad. Las medidas normativas deben responder a la necesidad de lograr que el aprendizaje sea accesible a los más marginados y vulnerables. c) Asegurar la asignación de recursos adecuados: Teniendo en cuenta las necesidades específicas de las víctimas de la marginación y la exclusión, así como la eliminación de las disparidades geográficas en el suministro de servicios de educación, los Estados deben asegurar una asignación de recursos adecuados allá donde más se necesiten. Los recursos deben asignarse de manera pertinente a becas, subsidios y otras ayudas, junto con inversiones en protección social, teniendo presente la necesidad de hacer frente a la marginación y la exclusión, así como las dimensiones educacionales de las estrategias de reducción de la pobreza. d) Prestar apoyo a mecanismos que promuevan el cumplimiento efectivo del derecho a la educación: Los Estados deben prestar un apoyo adecuado a las instituciones nacionales independientes de derechos humanos, ya que estas pueden contribuir extraordinariamente a determinar las desigualdades y a abordar las correspondientes situaciones de violación del derecho a la educación. e) Adoptar una perspectiva basada en los derechos humanos para hacer avanzar el programa de Educación para Todos (EPT): A fin de fortalecer la eficacia de la lucha contra la marginación y la exclusión como parte del proceso de EPT, habría que dedicar gran atención a las obligaciones en materia de derechos humanos y a la responsabilidad de los Estados de garantizar el derecho a una educación básica para todos. Este enfoque permitiría ganar influencia para hacer progresar el programa de EPT y fomentaría el papel central de la educación en la aceleración del progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. f) Promover un seguimiento integrado de las observaciones finales aprobadas por los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados de derechos humanos y de las recomendaciones hechas a los Estados a raíz del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos: Un seguimiento integrado de las observaciones finales aprobadas por los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados de derechos humanos y de las recomendaciones hechas a los Estados a raíz del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos contribuiría a fomentar la igualdad de oportunidades en la educación. g) Mejorar la asistencia y la cooperación internacionales: En los países que sufren graves limitaciones de recursos se producen grandes desigualdades en el goce del derecho a la educación. Por tanto, una asistencia y una cooperación internacionales adecuadas y sostenibles también desempeñarían un papel central en la eliminación de las desigualdades. La asistencia debería proporcionarse teniendo en cuenta las obligaciones en materia de derechos humanos y los compromisos políticos pertinentes, incluida la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda, así como el Objetivo 8, relativo a fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Las organizaciones internacionales, en particular la UNESCO y el UNICEF, desempeñan una función clave en el ámbito de la educación. Pueden mostrar el camino hacia adelante alentando el debate público sobre las cuestiones consideradas de importancia crítica, y desempeñar una función destacada en la promoción de políticas de fomento de la igualdad y el intercambio de experiencias sobre prácticas que hayan tenido éxito en la promoción de la igualdad de oportunidades. Con este ánimo, hay que asignar prioridad a la asistencia técnica a los países que atraviesen las situaciones más difíciles. h) Fortalecer la colaboración con las instituciones académicas y las organizaciones de la sociedad civil: El fomento de una educación inclusiva requiere la participación activa de la sociedad civil. La comunidad intelectual y la sociedad civil desempeñan un papel central para fomentar una mejor comprensión de las desigualdades en la educación. La labor de promoción de esos grupos de interesados es decisiva para asegurar que se preste una atención generalizada a las cuestiones pertinentes para lograr la igualdad de oportunidades en la educación.
Párr. 11 Adoptar medidas especiales para hacer frente a los prejuicios históricos contra los pueblos indígenas como causa subyacente de su discriminación en los sistemas educativos.
Párr. 12 Velar por que las comunidades y los pueblos indígenas participen plenamente en la determinación de su propia educación mediante el apoyo a la creación de escuelas directamente administradas por los pueblos indígenas o bajo su supervisión.
Párr. 13 Tomar medidas positivas para que la cultura, las tradiciones, la historia y los valores de los pueblos indígenas se reflejen en el sistema educativo nacional, con objeto de respetar la diversidad cultural del país, luchar contra la discriminación y la xenofobia arraigadas en la sociedad y, contribuir al intercambio intercultural y al enriquecimiento del contenido intelectual y cultural de la educación.
Párr. 14 Promover la investigación sobre las necesidades específicas de los niños indígenas y, en particular, de las niñas, teniendo concretamente en cuenta la situación en las zonas urbanas.
Párr. 17 Las asociaciones de docentes indígenas desempeñan un papel crucial a la hora de contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza para sus pueblos. En ese contexto, los docentes indígenas deben explorar nuevos medios para que sus redes puedan intercambiar las experiencias positivas entre sí mismas y con otras asociaciones educativas no indígenas.
Párr. 18 Emprender una evaluación efectiva e independiente de sus programas bilingües e interculturales, cuando existan, para verificar su verdadero efecto y subsanar las anomalías que impiden su éxito real.
Párr. 19 Llevar a cabo estudios sobre las prácticas que afectan de una manera desproporcionada a los pueblos indígenas en el goce cabal del derecho a la educación y tomar las medidas necesarias, incluida una acción afirmativa, a fin de eliminar la discriminación resultante de tales prácticas.
Párr. 20 Establecer y emprender campañas de sensibilización sobre la importancia de la educación con la participación activa de las comunidades indígenas.
Párr. 21 Tomar medidas, incluso en las esferas de la planificación de la enseñanza, la capacitación y la política de contratación de personal, a fin de aumentar el número de profesionales indígenas en el sistema educativo.
Párr. 22 Promover cursos de formación y enseñanza para funcionarios del sistema educativo sobre las culturas, costumbres y prácticas de los pueblos indígenas, como forma de luchar contra la discriminación y fomentar el respeto de la diversidad cultural.
Párr. 23 Tanto los Estados como los pueblos indígenas deben incorporar los derechos humanos en sus programas de enseñanza.
Párr. 24 Velar por que el saber y la cultura indígenas se incluyan en el plan de estudios de la enseñanza superior y que los ancianos indígenas participen en la programación y la concepción, no sólo de los estudios universitarios, sino también de los programas de enseñanza primaria y secundaria.
Párr. 26 Apoyar los programas y los proyectos en materia de educación que llevan a cabo las organizaciones indígenas e integrarlos en su sistema educativo nacional. Apoyar la creación de universidades indígenas, así como los incentivos a los estudiantes no nativos para que cursen estudios en dichas universidades.
Párr. 89 Dar alta prioridad a los objetivos y principios de la educación indígena y dotar a las agencias e instituciones públicas y privadas dedicadas a promover la educación indígena de los medios materiales, institucionales e intelectuales suficientes.
Párr. 90 Preparar programas, en estrecha colaboración con las comunidades indígenas, para la capacitación de un número adecuado de maestros en educación bilingüe e intercultural durante el segundo Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Ello implicará fomentar el reclutamiento y los servicios necesarios de los candidatos indígenas, programas de estímulos y becas, y la multiplicación de los centros educativos y de investigación requeridos. El Relator Especial invita también a la UNESCO y a la cooperación internacional a unirse a este esfuerzo.
Párr. 91 Ampliar la participación de las universidades y centros de investigación en la elaboración de curricula multidsciplinarias especiales para la educación indígena. También recomienda se amplíen y consoliden las universidades indígenas.
Párr. 92 Ampliar el contenido académico sobre pueblos indígenas (su historia, filosofía, cultura, artes, modos de vida, etc.) en la educación nacional en todos sus niveles, con un enfoque antirracista, multicultural, de respeto a la pluralidad cultural y étnica, y en especial a la igualdad de género. También recomienda prestar atención especial a la relación entre los pueblos indígenas y el medio ambiente y promover la investigación científica participativa en este campo (con especial atención a los entornos ambientales vulnerables como el Ártico, los bosques boreales, las selvas tropicales, la alta montaña, etc.)
Párr. 94 El Relator Especial recomienda que en marco de la consolidación de las distintas modalidades de la educación indígena se fortalezca la educación física, la educación especial para indígenas en el sistema de justicia criminal, la educación para niñas y mujeres indígenas en todos los ámbitos, la educación a distancia, la educación de adultos y la educación continua.