Derechos del buen vivir
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Derecho a la salud
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Niñas, niños y adolescentes
a) Seguir aumentando el nivel de inversión social manteniendo su sostenibilidad e intentando cumplir el mandato constitucional respecto de la salud y la educación, así como la plena financiación de la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia y los programas y la agenda para la niñez conexos;
b) Proteger el presupuesto para la infancia y el presupuesto social de cualquier perturbación externa o interna, como situaciones de crisis económica, desastres naturales u otras emergencias, a fin de mantener la sostenibilidad de las inversiones;
c) Continuar la labor iniciada por el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo con objeto de poner a punto una metodología de presupuestación y elaboración de indicadores para seguir de cerca las asignaciones destinadas a los niños y mantenerlas bajo control, dar visibilidad a la inversión y permitir su evaluación;
d) Asegurarse de que el aumento de las asignaciones para los grupos desfavorecidos a fin de paliar las disparidades, por ejemplo mediante el Bono de Desarrollo Humano, esté basado en el debido desglose de los datos presupuestarios por ubicación geográfica y administrativa y otras categorías pertinentes, como el género, la edad y el origen étnico;
e) Definir partidas presupuestarias estratégicas para las situaciones que puedan exigir medidas sociales afirmativas (por ejemplo, la inscripción de nacimientos, la malnutrición crónica, la violencia contra los niños, etc.);
f) Asegurarse de que las autoridades locales rindan cuentas debidamente de forma abierta y transparente para permitir la participación de las comunidades y los niños y la asignación de recursos de manera concertada;
g) Solicitar asistencia técnica del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otras organizaciones internacionales, según proceda.
