Derechos del buen vivir
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Derecho a la educación
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Personas privadas de la libertad
El Relator Especial recomienda que las autoridades encargadas de la educación pública:
a) Pongan a disposición de todos los presos, estén condenados o en prisión preventiva, programas educativos que abarquen al menos el plan de estudio de la enseñanza primaria obligatoria y, de ser posible, también de la secundaria;
b) Organicen, junto con las instituciones penitenciarias, programas amplios de educación destinados a desarrollar plenamente las potencialidades de cada recluso, los cuales también deberían minimizar los efectos negativos del encarcelamiento, mejorar las perspectivas de reinserción y rehabilitación, la autoestima y la moral.
