Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
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Derecho al agua
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Prestación de servicios de agua y saneamiento por actores no estatales
Asegurar que la decisión de delegar o no delegar la prestación de servicios debe adoptarse en un proceso democrático y participativo. Se debe permitir que todos los interesados participen en todo el proceso y que supervisen, evalúen e informen acerca de posibles abusos de derechos humanos. La participación debe ser activa, libre y significativa, y ofrecer una oportunidad auténtica de influir en la adopción de decisiones.
Asegurar que el proceso de adopción y aplicación de decisiones, todos los instrumentos que deleguen la prestación de servicios, incluidos los contratos, y los instrumentos en que se definan las funciones y responsabilidades sean transparentes, lo que requiere la revelación de la información adecuada y suficiente y el acceso efectivo a la información.
Asegurar que todos los instrumentos de la delegación, incluidos los contratos, deben ajustarse a las normas de derechos humanos, contribuir a la realización de los derechos al agua y el saneamiento y orientar las actividades de los proveedores no estatales de servicios.
Asegurar que los proveedores no estatales de servicios ejerzan la debida diligencia para velar por su cumplimiento de las normas de derechos humanos en todo el proceso, desde la licitación hasta la concertación de acuerdos con el Estado respecto del funcionamiento de los servicios.
Realizar evaluaciones de los efectos sobre los derechos humanos antes del proceso de delegación de la prestación de servicios de agua y saneamiento y durante éste, incorporándolos en la toma de decisiones acerca de los medios de prestación de servicios.
Asegurar que las autoridades regulatorias, si las hay, ejerzan sus funciones de manera acorde con las normas de derechos humanos. Éstas deben preparar instrumentos para asegurar que los servicios no estatales de agua y saneamiento estén disponibles y que sean seguros, aceptables, accesibles físicamente y asequibles.
Aplicar políticas sociales complementarias que velen por la inclusividad, como las redes de seguridad y los subsidios. Esas medidas deben estar orientadas para llegar efectivamente a los que más las necesitan.
Asignar claramente las funciones y las obligaciones en la prestación de servicios de agua y saneamiento por actores no estatales.
Adoptar legislación que imponga a los proveedores de servicios no estatales de agua y saneamiento la obligación de hacer también evaluaciones de los efectos sobre los derechos humanos,como parte del ejercicio de la debida diligencia para tomar conciencia de los efectos reales y posibles de sus actividades sobre la realización de los derechos humanos al agua y el saneamiento.
Adoptar fuertes marcos regulatorios para todos los proveedores no estatales de servicios de agua y saneamiento, acordes con las normas de derechos humanos.
Velar porque los derechos al saneamiento y el agua, puedan ejercerse ante los tribunales nacionales y otros mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad, garantizando el acceso a la justicia en términos prácticos, incluidos el acceso físico y económico de manera equitativa.
