Párr. 135.14 Seguir promoviendo la participación activa y efectiva de las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones.
Párr. 135.15 Seguir ejecutando programas destinados a reducir la pobreza de las familias afroecuatorianas y facilitar su participación plena en la vida pública
Párr. 135.37 Velar por que los activistas comunitarios y los dirigentes indígenas puedan ejercer su derecho de reunión y protesta pacífica y que la legislación antiterrorista no se utilice inadecuadamente para censurar esas actividades.
Párr. 135.39 Crear un entorno jurídico propicio para que las organizaciones de la sociedad civil contribuyan a la gobernanza democrática estableciendo oportunidades para el diálogo y absteniéndose de restringir sus posibilidades de actuar con independencia y libertad; velar por que las disposiciones penales no se utilicen para limitar la capacidad de los defensores de los derechos humanos o los manifestantes para ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación y que las autoridades competentes vuelvan a examinar los casos de las personas detenidas y procesadas; facilitar que diversos actores de la social civil expresen sus ideas y opiniones con responsabilidad y objetividad.
Párr. 135.40 Proteger a los defensores de los derechos humanos y los periodistas del acoso y los ataques y garantizar plenamente la libertad de reunión; garantizar a todos, incluidos los periodistas y los defensores de los derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión; proteger el derecho a la libertad de expresión de los periodistas (Australia); preparar mecanismos para aumentar la seguridad de los periodistas y asegurar que órganos independientes e imparciales investiguen todos los ataques.
Párr. 135.41 Seguir incorporando formas efectivas de participación de sus ciudadanos en el proceso de adopción de decisiones, especialmente mediante los mecanismos de una democracia representativa, directa y comunitaria que tenga por objeto el desarrollo del país en todas las cuestiones de interés público, con especial hincapié en las necesidades de las personas que necesiten una atención prioritaria.
Párr. 135.42 Dar a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos el espacio necesario para que desempeñen su labor no violenta de promoción, organización de campañas, presentación de informes e investigación y que el Gobierno del Ecuador colabore de forma constructiva con los defensores de los derechos humanos en la búsqueda de soluciones a los problemas de derechos humanos del país
Párr. 21 El Comité recomienda que el Estado parte aumente sus esfuerzos para combatir la violencia de género mediante programas de prevención y mecanismos de protección de las mujeres, considerando los aportes que puedan realizar las mujeres y sus organizaciones. Insta al Estado parte a establecer prioridad en las investigaciones de casos de violencia sexual y abuso en los colegios a otorgar el presupuesto necesario para los centros de atención frente a las diversas formas de violencia, explotación y abuso y, a desarrollar programas de prevención y atención en salud mental y psicosocial para las víctimas. Recomienda que el Estado parte adopte medidas para evitar que los responsables de violencia sexual sean vinculados nuevamente en actividades relacionadas con niños, niñas y adolescentes. El Comité solicita al estado parte que en su próximo informe periódico incluya estadísticas desagregadas sobre la edad, sexo y ubicación geográfica de las víctimas.
Párr. 24 El Comité recomienda al Estado parte que, con la participación de la sociedad civil, desarrolle mapas sobre la población en situación de inseguridad alimentaria y nutricional en el nivel municipal e información desagregada que le permita establecer prioridades para el desarrollo de las medidas contra la desnutrición y mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas. El Comité recomienda al Estado Parte que amplíe el marco normativo de protección del derecho a la alimentación y que complemente la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria con disposiciones tendientes a proteger la soberanía alimentaria.
Párr. 31 El Comité recomienda al Estado parte que continúe sus esfuerzos en el marco del plan de alfabetización de manera que incluya la situación en las zonas rurales, indígenas y entre distintos grupos etarios. Alienta al Estado parte a desarrollar programas específicos para prevenir la deserción escolar y enfrentar las causas de la misma. Recomienda al Estado parte que implemente sus políticas con amplia participación del sector educativo incluyendo padres de familia y acudientes, sindicatos de maestros y movimientos sociales, tanto en el sector público como privado.
Párr. 14 El Comité recomienda que en el proyecto de Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización se prevea la articulación y coordinación de las distintas instituciones y órganos dedicados a los derechos del niño, asegurando así en la práctica una actuación exhaustiva y específica que vincule entre sí los niveles central y cantonal y las diferentes instituciones dedicadas a los derechos del niño, con competencias y financiación propias y específicas. El Comité insta a que en ese diseño se mantenga la especificidad del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. El Comité recomienda también que se garantice la debida participación de los diferentes grupos de intereses, en particular niños y adolescentes, en todas las etapas.
Párr. 18 Conseguir la participación de la sociedad civil y los niños y adolescentes, según proceda, en las actividades de armonización, planificación, presupuestación y evaluación en relación con la infancia y la adolescencia.
Párr. 22 a) Seguir aumentando el nivel de inversión social manteniendo su sostenibilidad e intentando cumplir el mandato constitucional respecto de la salud y la educación, así como la plena financiación de la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia y los programas y la agenda para la niñez conexos; b) Proteger el presupuesto para la infancia y el presupuesto social de cualquier perturbación externa o interna, como situaciones de crisis económica, desastres naturales u otras emergencias, a fin de mantener la sostenibilidad de las inversiones; c) Continuar la labor iniciada por el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo con objeto de poner a punto una metodología de presupuestación y elaboración de indicadores para seguir de cerca las asignaciones destinadas a los niños y mantenerlas bajo control, dar visibilidad a la inversión y permitir su evaluación; d) Asegurarse de que el aumento de las asignaciones para los grupos desfavorecidos a fin de paliar las disparidades, por ejemplo mediante el Bono de Desarrollo Humano, esté basado en el debido desglose de los datos presupuestarios por ubicación geográfica y administrativa y otras categorías pertinentes, como el género, la edad y el origen étnico; e) Definir partidas presupuestarias estratégicas para las situaciones que puedan exigir medidas sociales afirmativas (por ejemplo, la inscripción de nacimientos, la malnutrición crónica, la violencia contra los niños, etc.); f) Asegurarse de que las autoridades locales rindan cuentas debidamente de forma abierta y transparente para permitir la participación de las comunidades y los niños y la asignación de recursos de manera concertada; g) Solicitar asistencia técnica del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otras organizaciones internacionales, según proceda.
Párr. 29 Seguir fomentando la participación sistemáticamente de las comunidades y la sociedad civil, así como de los niños y los adolescentes, en todos los aspectos de la elaboración de leyes y normas, políticas, planes y presupuestos, especialmente en el ámbito local y cuando guarden relación con ellos directa o indirectamente.
Párr. 41 Lograr que las opiniones de los niños se tengan debidamente en cuenta en la familia, las escuelas y los ámbitos administrativos y de otro tipo pertinentes, y que los niños sean debidamente escuchados en los procedimientos judiciales y administrativos que los afecten.
Párr. 42 Si bien toma nota de la medida constitucional para permitir el voto voluntario en las elecciones públicas a los niños de entre 16 y 18 años de edad, el Comité alienta al Estado parte a que se asegure de que la medida esté apoyada por una educación cívica sobre derechos humanos para que los niños tengan conciencia temprana de que los derechos deben ejercerse como parte de la ciudadanía, con autonomía y responsabilidad. Recomienda que el Estado parte evalúe los resultados de manera independiente.
Párr. 71 a) Eliminar el trabajo infantil y sus peores formas, entre otras cosas haciendo cumplir el Código del Trabajo y el Convenio Nº 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las peores formas de trabajo infantil, garantizando la vigilancia eficaz e imponiendo penas efectivas en casos de violación de las disposiciones relativas al trabajo infantil. b) Asegurar que los niños estén matriculados en la escuela y protegidos de los efectos perniciosos del trabajo infantil. c) Reunir datos fidedignos sobre los niños trabajadores desglosados por edad, sexo, origen étnico, contexto socioeconómico y ubicación geográfica/ administrativa, entre otros factores, incluidos los niños que trabajan en el sector no estructurado, por ejemplo como empleados domésticos, y vigilar su situación. d) Respetar el derecho del niño a ser escuchado durante la elaboración de las medidas y su aplicación para eliminar el trabajo infantil en todas sus formas. e) Seguir solicitando asistencia al Programa Internacional para la Erradicacion del Trabajo Infantil de la OIT.
Párr. 8 El Estado parte debe adoptar medidas adecuadas para garantizar la plena aplicación de la legislación vigente de forma que no se discrimine a la mujer. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para combatir la discriminación contra las mujeres en el mundo laboral a fin de garantizar en la práctica la igualdad de oportunidades en la obtención de cargos directivos en el sector público y privado así como igualdad de remuneración por el mismo empleo.
Párr. 11 Elaborar e implementar, con la participación efectiva de los pueblos y nacionalidades que continúan enfrentándose a la discriminación y a la exclusión, una política integral de lucha contra el racismo y la discriminación racial.
Párr. 20 Recopilar datos diferenciados sobre el desempleo, el acceso a la propiedad, la vivienda, la salud y demás servicios básicos para poder llevar a cabo iniciativas eficaces para garantizar el ejercicio de sus derechos por las personas afroecuatorianas y montubias y para promover su mayor participación en la vida pública.