Párr. 135.20 Reducir la mortalidad materna e infantil en las zonas rurales y urbanas, mediante planes específicos de asistencia sanitaria a las mujeres embarazadas y durante el período postnatal.
Párr. 135.48 Proseguir sus esfuerzos de lucha contra la pobreza y de mejora de los niveles de educación y salud de su población.
Párr. 135.5 Seguir aumentando el presupuesto público para salud, educación y bienestar social.
Párr. 135.52 Seguir ejecutando programas de solidaridad e iniciativas destinadas a garantizar el ejercicio por la población del derecho a unos servicios de salud de calidad.
Párr. 135.53 Fortalecer las medidas para hacer frente a los embarazos de adolescentes y promover el acceso a servicios de salud reproductiva, incluida la beducación sobre la salud sexual y reproductiva, así como a servicios de asesoramiento y atención de la salud adaptados a los jóvenes.
Párr. 135.54 Velar por que todas las mujeres tengan facilidades de acceso a servicios de salud de calidad, teniendo en cuenta las diferencias culturales.
Párr. 27 Continuar sus esfuerzos con el fin de proveer servicios de salud materna e infantil con especial atención en la cobertura y accesibilidad de los mismos en zonas rurales y donde habita la población indígena.
Párr. 28 Realizar los esfuerzos necesarios en el marco de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar (ENIPLA) y otros programas idóneos para prevenir el embarazo en adolescentes, desde una perspectiva de ejercicio de derechos humanos. Eliminar las barreras de acceso a anticonceptivos de emergencia y en especial que retire las limitaciones a la libre distribución de los mismos, desarrolle estrategias para superar prejuicios culturales que restrinjan la entrega a las mujeres y realice campañas sobre el derecho de las mujeres a acceder a los mismos.
Párr. 29 Implementar la reforma del código penal con el fin de establecer excepciones a la penalización del aborto cuando el embarazo sea consecuencia de una violación aunque no se trate de mujeres con discapacidad, así como cuando se ha establecido la existencia de malformaciones congénitas. Suprimir de su código penal los términos “idiota” y “demente” cuando se refiere a las mujeres con discapacidad mental y/o psicosocial..
Párr. 30 En el marco de su estrategia de salud, incluir como componente prioritario la salud mental y establezca mecanismos de monitoreo regulares e independientes. Brindar información sobre los avances en materia de salud mental y psicosocial en su próximo informe periódico. Establecer lineamientos para garantizar el acceso de las personas LGBT sin discriminación a los servicios de salud incluida la salud sexual y reproductiva.
Párr. 11 El Comité recomienda al Estado parte conformar una comisión plural que integre a organizaciones independientes de personas con discapacidad, y a las diversas dependencias de gobierno, a efecto de hacer una revisión sistemática del marco legislativo en las materias de educación, transporte, desarrollo urbano, prevención de la violencia, salud, relaciones familiares, trabajo, cultura y deporte para armonizarlo con la Convención.
Párr. 29 El Comité recomienda al Estado parte: (a) Elaborar un plan integral que permita la desinstitucionalización de las personas que se encuentran en el Hospital Psiquiátrico Julio Endara, proveyéndoles condiciones de seguridad personal y de garantías para que puedan ejercer su derecho de ser incluidas en la comunidad. El plan integral debe comprender acciones para asegurar el alojamiento, la alimentación, los apoyos personales requeridos, para lograr la plena inclusión de estas personas; (b) Eliminar la declaratoria general de inimputabilidad cuando una persona con discapacidad sea acusada de un delito con el objeto de que tenga derecho a un debido proceso, en iguales condiciones que los demás, y se cumpla con las garantías generales del derecho penal sustantivo y procesal; (c) Eliminar las medidas de seguridad que implican forzosamente tratamiento médico-psiquiátrico en internamiento y promover alternativas que sean respetuosas de los artículos 14 y 19 de la Convención; y (d) Velar por que se presten todos los servicios de salud mental con el consentimiento libre e informado de la persona afectada.
Párr. 31 El Comité recomienda al Estado parte: (a) Iniciar un programa de formación sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, especialmente dirigidos a mujeres con discapacidad intelectual, a sus familiares y a los profesionales que proporcionan servicios en las distintas instituciones del Estado; (b) Realizar ajustes institucionales y programas de formación a profesionales en los sectores policial y de justicia, a efecto de que estén en capacidad de detectar situaciones de abuso y de violencia contra personas con discapacidad y de realizar las investigaciones con los ajustes de procedimiento necesarios a efecto de sancionar conductas delictivas; y (c) En tanto se desarrollan programas para garantizar el derecho de los niños y niñas con discapacidad a vivir en la comunidad, se deben generar mecanismos de supervisión sistemática, por parte de organismos autónomos, de acuerdo con el articulo 16 (3) de la Convención, de las condiciones de vida de este sector de la población en instituciones, con el objeto de prevenir situaciones de abuso y de violencia.
Párr. 35 El Comité le recomienda al Estado parte que revise los criterios para otorgar el bono Joaquín Gallegos Lara a personas con discapacidad, con el propósito de que sean éstas quienes puedan disponer de tal apoyo para su vida independiente y su inclusión en la comunidad.
Párr. 39 El Comité recomienda que el Ministerio de Salud Pública realice un programa de accesibilidad en los Centros de Atención Integral a efecto de que pueda implementar protocolos para los diversos tipos de discapacidad y que sus instalaciones sean accesibles para aquellas personas que habitan en zonas rurales.
Párr. 22 a) Seguir aumentando el nivel de inversión social manteniendo su sostenibilidad e intentando cumplir el mandato constitucional respecto de la salud y la educación, así como la plena financiación de la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia y los programas y la agenda para la niñez conexos; b) Proteger el presupuesto para la infancia y el presupuesto social de cualquier perturbación externa o interna, como situaciones de crisis económica, desastres naturales u otras emergencias, a fin de mantener la sostenibilidad de las inversiones; c) Continuar la labor iniciada por el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo con objeto de poner a punto una metodología de presupuestación y elaboración de indicadores para seguir de cerca las asignaciones destinadas a los niños y mantenerlas bajo control, dar visibilidad a la inversión y permitir su evaluación; d) Asegurarse de que el aumento de las asignaciones para los grupos desfavorecidos a fin de paliar las disparidades, por ejemplo mediante el Bono de Desarrollo Humano, esté basado en el debido desglose de los datos presupuestarios por ubicación geográfica y administrativa y otras categorías pertinentes, como el género, la edad y el origen étnico; e) Definir partidas presupuestarias estratégicas para las situaciones que puedan exigir medidas sociales afirmativas (por ejemplo, la inscripción de nacimientos, la malnutrición crónica, la violencia contra los niños, etc.); f) Asegurarse de que las autoridades locales rindan cuentas debidamente de forma abierta y transparente para permitir la participación de las comunidades y los niños y la asignación de recursos de manera concertada; g) Solicitar asistencia técnica del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otras organizaciones internacionales, según proceda.
Párr. 26 Reforzar la capacitación adecuada y sistemática de todos los grupos profesionales que trabajan para y con los niños, en particular a profesionales de la salud, trabajadores sociales y empleados que trabajen en todas las modalidades alternativas de cuidado.
Párr. 39 Continuar y fortalecer las políticas y los programas para atender a las cuestiones relativas al derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de los niños y siguer prestando especial atención a paliar los problemas de la mortalidad infantil y la malnutrición crónica.
Párr. 55 Proveer información que comprenda orientaciones y asesoramiento para los padres a fin de prevenir los malos tratos y el descuido de los niños. Impartir formación a profesionales de la salud, trabajadores sociales y fiscales, entre otros sobre el modo de recibir, vigilar, investigar y enjuiciar denuncias de casos de violencia y descuido cuyas víctimas sean niños empleando una metodología adaptada a los niños y a las especificidades de cada género.
Párr. 59 Seguir ampliando los servicios de salud materna e infantil y de supervisión y apoyo nutricionales, en particular a las zonas más apartadas, de manera adaptada a las particularidades de género y culturales y privilegiando las actividades de prevención y promoción. Difundir el Código internacional de comercialización de sustitutos de la leche materna. Aumentar la coordinación y el trabajo en equipo con las demás entidades del Sistema de Protección Integral. Seguir aumentando las asignaciones de fondos públicos a la salud, como exige la Constitución.
Párr. 61 Fortalecer sus medidas para promover el acceso a los servicios de salud reproductiva para todos los adolescentes en todas las partes del país, con inclusión de educación sobre salud sexual y reproductiva en las escuelas, así como servicios de asesoramiento y atención de salud adaptados a los jóvenes y confidenciales, que incluyan información sobre los anticonceptivos y acceso a ellos. Poner todos los métodos anticonceptivos a disposición de los adolescentes. Emprender una investigación minuciosa sobre la cuestión de los abortos en condiciones peligrosas y sus efectos sobre la salud de la mujer (y la niña) y la mortalidad materna, que permita formular medidas legislativas y normativas adecuadas.
Párr. 67 Asegurar que los niños solicitantes de asilo y refugiados tengan un nivel de vida adecuado, lo que comprende el acceso a los servicios de atención de salud, entre otros.
Párr. 20 Recopilar datos diferenciados sobre la salud y demás servicios básicos,entre otros, para poder llevar a cabo iniciativas eficaces para garantizar el ejercicio de sus derechos por las personas afroecuatorianas y montubias y para promover su mayor participación en la vida pública.
Párr. 21 Garantizar que el acceso a los servicios básicos y a la atención en centros de salud, y en particular en las zonas rurales, sea apropiado y responda a las diferencias lingüísticas y culturales de los pueblos indígenas.